CSOSI 2019 (Eng)

El primer año de la administración de López Obrador trajo consigo un nuevo paradigma en las relaciones gobierno-OSC en México. En febrero de 2019, el primer memorando interno emitido por el nuevo gobierno, que asumió el cargo en diciembre de 2018, formalizó la decisión de recortar todos los fondos federales a las OSC y ordenó que la entrega de cualquier apoyo oficial a la población se llevara a cabo directamente por el propio gobierno federal. La intermediación de las OSC, escribió el presidente, había dado lugar a la asignación discrecional, la opacidad y la corrupción. La sociedad civil reaccionó a la nueva dirección política con gran preocupación por sus efectos tanto en la viabilidad financiera del sector como en la imagen pública. Además, los analistas creen que la exclusión de las OSC de la implementación de programas públicos suprime los procesos sociales que fortalecen orgánicamente las capacidades, crean autonomía, institucionalizan la democracia y producen cohesión social tanto en las comunidades como en las OSC.

En contexto, la situación de seguridad en el país siguió siendo sombría en 2019, continuando poniendo en peligro al personal de las OSC y obstaculizando los esfuerzos de las organizaciones para servir a sus electores en algunas áreas. Según Causa en Común, las cifras oficiales indicaron un aumento del 2,7 por ciento en los asesinatos en 2019, para un total de 35,588. De estos, 1,006 fueron feminicidios, que aumentaron un 10 por ciento desde 2018. El Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamiento informa que 7,100 personas fueron desplazadas internamente debido al conflicto y la violencia en el país durante 2019, lo que eleva el total de personas que viven en desplazamiento interno a 345.000; La gravedad del desplazamiento es particularmente alta entre los pueblos indígenas.

Frontline Defenders informa que veintitrés activistas de derechos humanos fueron asesinados en México en 2019, frente a cuarenta y ocho en 2018. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2019 se registraron treinta y nueve casos de agresión contra defensores de derechos ambientales, incluidos dos dirigidos a OSC, quince de los cuales resultaron en asesinatos. Las cifras de Reporteros sin Fronteras indican que, aunque no están en guerra. México fue, con mucho, el país más mortífero para los profesionales de los medios, con diez periodistas asesinados en el país en 2019, lo que representa el 25 por ciento de todos los asesinados en el mundo durante el año. Artículo 19 reportó 609 agresiones contra la prensa, un aumento del 12 por ciento con respecto a 2018. Algunos de los activistas, defensores y periodistas atacados trabajaron con OSC, lo que subraya los riesgos que enfrentan algunas organizaciones en la búsqueda de sus causas.