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CSOSI 2018 (Eng)
Las campañas políticas previas a las elecciones generales de julio dominaron la atención del público mexicano en 2018. Las elecciones dieron como resultado una victoria aplastante de la coalición de izquierda liderada por el Movimiento Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. López Obrador fue elegido presidente y la coalición obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
Mientras las administraciones saliente y entrante se preparaban para la transición de poder durante 2018, varias OSC y analistas expresaron su preocupación por las perspectivas de las relaciones entre las OSC y el gobierno bajo el nuevo presidente. Entre las señales de advertencia se encuentran sus comentarios públicos como candidato, indicando su desconfianza en la sociedad civil y su negativa como presidente electo a reunirse con una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil que buscaban su compromiso con las iniciativas políticas.
El número de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que cruzan a través de México en su camino hacia la frontera estadounidense aumentó en 2018. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que solo en una caravana de octubre había hasta 7.000 personas. Las OSC brindan asistencia crítica a los migrantes, incluidos refugios, clínicas, alimentos y atención médica. Además, muchas organizaciones de la sociedad civil abogan por la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluidos los niños no acompañados.
La situación económica de México se mantuvo mayoritariamente positiva y estable a lo largo de 2018. La economía del país se ubica constantemente entre las quince más grandes del mundo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación fue del 4.9 por ciento y el producto interno bruto real creció un 1.6 por ciento en 2018. El tipo de cambio frente al dólar de EE.UU. también se mantuvo relativamente estable. La clasificación de México en el Índice de Desarrollo Humano ha crecido de manera sostenida durante la última década y el país está clasificado como de «desarrollo alto». Sin embargo, la riqueza está distribuida de manera desigual, con un índice de Gini que suele estar entre los tres peores de América Latina.
La situación general de seguridad en el país sigue siendo alarmante. El crimen organizado y la llamada guerra contra las drogas han tenido un impacto dañino en la sociedad, con cerca de 11.500 personas desplazadas forzosamente, según el informe de 2018 Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México de la CSO Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Además, en 2018 se registró la tasa de homicidios más alta en la historia de México, con 33.352 investigaciones de homicidios reportadas por la Secretaría de Gobernación, un aumento del 33 por ciento con respecto a 2017. Como resultado de los problemas de seguridad, se ha vuelto cada vez más peligroso para las OSC tener personal de campo en algunas áreas, lo que dificulta algunas intervenciones de las OSC.
Según Reporteros Sin Fronteras, ocho periodistas fueron asesinados en el país por su trabajo en 2018, lo que convierte a México en uno de los peores países en términos de libertad de prensa, solo superado por Afganistán, un país devastado por el conflicto. Artículo 19 registró 544 casos de agresión contra la prensa en 2018, lo que convierte a México en el país más violento para los periodistas en América Latina. Se cree que esta situación ha llevado a la autocensura por parte de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas delicados.
El sector mexicano de las OSC está compuesto por grupos y organizaciones de todo el espectro de la formalidad. Por un lado, hay grupos informales como Las Patronas, un grupo de mujeres voluntarias que brindan alimentos y asistencia a los migrantes en Veracruz. Por otro lado, think tanks como México Evalúa y Ethos realizan investigaciones de clase mundial orientadas a incidir en las políticas públicas.
De acuerdo con el Compendio estadístico del sector no lucrativo 2019, emitido por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), en 2018 había 57,625 OSC registradas en el país. De estos, el 76 por ciento servía al público, el 16 por ciento eran asociaciones religiosas, el 7 por ciento eran organizaciones de beneficio para miembros, incluidos los sindicatos, y menos del 1 por ciento eran de naturaleza política, incluidos los partidos políticos y otras asociaciones políticas. La gran mayoría de las organizaciones registradas tienen su sede en la Ciudad de México y en las capitales de los estados, lo que refleja la naturaleza centralizada del país.
La mayoría de las OSC solicitan su inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), que es un requisito previo para competir por la mayor parte de los fondos del gobierno federal. Según el Cemefi, en 2018 había 41.114 OSC registradas en la RFOSC, el 60 por ciento de las cuales figuraban como activas en el registro. Este estatus en la RFOSC, ya sea activo o inactivo, se considera un marcador de institucionalización e interés en los fondos federales, y no necesariamente indica si una organización todavía opera. Algunas organizaciones tienen un estatus especial de exención de impuestos que les permite recibir donaciones libres de impuestos y deducibles de donantes. Estas organizaciones se denominan donatarias autorizadas. En 2018, 8,618 OSC ostentaban esta condición. Las AD se encuentran entre las OSC más institucionalizadas y profesionales del país.
Se sabe que algunos de los sindicatos más importantes, incluidos los de los trabajadores de las industrias petrolera y de generación de energía y los maestros, están altamente politizados o incluso cooptados por los partidos políticos. Esto las convierte en un subconjunto polémico del sector de las OSC, ya que sirven a los intereses de sus líderes o de las fuerzas políticas que los controlan, en lugar de a sus miembros o al público.
La sostenibilidad del sector de las OSC mexicanas está evolucionando en la actualidad. Una de las dimensiones más preocupantes es la imagen pública del sector, que en general es negativa. La capacidad organizativa dentro del sector varía significativamente, aunque la mayoría de las organizaciones son pequeñas, informales y carecen de fondos suficientes. La viabilidad financiera es una preocupación importante y el sector muestra una falta general de diversificación financiera. La abogacía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, tal vez reflejando el desarrollo de la joven democracia mexicana. El sector demuestra una experiencia significativa en la prestación de servicios que abordan las necesidades básicas y puede estar avanzando hacia modelos de programas más estratégicos y sofisticados con la ayuda de una infraestructura sectorial floreciente. La fortaleza del sector mexicano de las OSC es quizás el entorno legal que, a pesar de tener mucho margen de mejora, proporciona niveles suficientes de claridad y permite que el sector crezca y evolucione.
