CSOSI 2020 (Eng)

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia global. México fue duramente golpeado; la crisis tuvo un costo humano catastrófico y consecuencias socioeconómicas abrumadoras. De acuerdo con la Secretaría de Salud del país, hasta el 31 de diciembre de 2020 se habían registrado 125.807 muertes en México por COVID-19, la tercera cifra oficial de muertes más alta del mundo. La pandemia también tuvo un impacto devastador en la economía: según el Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto (PIB) real del país experimentó una caída del 8,2 por ciento, su peor resultado en al menos cuarenta años. La tasa de desempleo alcanzó el 4,4 por ciento, frente al 3,5 por ciento de 2019. De acuerdo con el banco central de México, tras alcanzar un mínimo histórico en abril de 2020, el peso mexicano (MXN) cerró el año con una depreciación de 5.6 por ciento frente al dólar estadounidense (USD). La administración federal no adoptó ningún estímulo económico o fiscal importante para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. 

El 30 de marzo, el Gobierno Federal ordenó la suspensión de todas las actividades no esenciales para mitigar los efectos de la pandemia. Esta medida afectó a la mayoría de los lugares de trabajo, incluidas las OSC, así como a las empresas y centros educativos. El 1 de junio de 2020, se lanzó un «sistema de semáforo epidemiológico» de cuatro colores para brindar orientación sobre las restricciones en cada uno de los estados del país. El gobierno federal también alentó el distanciamiento social voluntario entre la población en general, pero no impuso órdenes de quedarse en casa a nivel nacional ni mandatos de uso de máscaras. A pesar de estas medidas, el presidente fue criticado por restar importancia a la crisis, negarse a usar mascarilla en sus apariciones públicas y no seguir las recomendaciones de su propio gobierno. Quizás lo más importante es que afirmó engañosamente que la pandemia estaba bajo control en numerosas etapas de la crisis.  

Los desafíos que trajo consigo el COVID-19 agravaron un entorno ya difícil para las OSC que comenzó en 2019, cuando la nueva administración de López Obrador anunció su intención de recortar todos los fondos federales a las OSC. Esta fue la primera de varias medidas que dieron lugar a un nuevo paradigma para las relaciones OSC-Estado en México. 

La situación de seguridad en el país siguió siendo sombría en 2020. Las cifras oficiales indicaron un total de 34.584 asesinatos en 2020, aproximadamente a la par con los niveles de 2019. Si bien la mayoría de estos casos estaban relacionados con el crimen organizado, 937 se registraron como feminicidios. Según una encuesta realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI), dos tercios de todas las mujeres de quince años o más habían experimentado alguna forma de violencia durante su vida. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos, estimó que entre 2006 y 2019, al menos 346.945 personas habían sido desplazadas internamente por la violencia. La gravedad del desplazamiento es particularmente alta entre las comunidades indígenas. El debilitamiento de la presencia del Estado, la violencia y la delincuencia continuaron complicando el trabajo de las OSC en varias regiones del país. Para mantener su seguridad, las OSC deben actuar con discreción al publicar los valores de las subvenciones, los beneficiarios de las donaciones y los resultados de la recaudación de fondos, o al participar en otras actividades rutinarias; algunas organizaciones de la sociedad civil se abstienen por completo de esa publicidad. 

La violencia también afecta directamente al sector, y activistas, movimientos y organizaciones de la sociedad civil continuaron siendo blanco de ataques directos en 2020. Frontline Defenders informa que diecinueve personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México en 2020, una ligera disminución con respecto a las veintitrés de 2019. Sin embargo, un documento coordinado por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Estados Unidos, con aportes de varias OSC locales, situó la cifra en veinticuatro en octubre de 2020. Activistas y organizaciones de la sociedad civil esperan mayores protecciones tras la ratificación por parte de México en noviembre de 2020 del Acuerdo de Escazú, el primer instrumento regional jurídicamente vinculante para garantizar los derechos y la protección de las personas defensoras del medio ambiente; el acuerdo entró en vigor en abril de 2021.  

Según Reporteros Sin Fronteras, México siguió siendo el país más mortífero para los periodistas en el mundo en 2020, con ocho de ellos asesinados, el doble de la cifra registrada en los siguientes países más mortíferos. Al menos dos de ellos fueron asesinados mientras estaban bajo protección policial, lo que pone de manifiesto la ineficacia de los mecanismos de protección disponibles para los profesionales de los medios de comunicación amenazados. ARTICLE 19 informa que hubo 406 ataques contra periodistas y medios de comunicación en México en el primer semestre de 2020, un asombroso aumento del 45 por ciento en comparación con el mismo período de 2019. La organización también registró treinta y nueve casos de acoso legal contra periodistas y activistas, varios de los cuales son miembros de organizaciones de la sociedad civil, casi el doble del número de casos identificados en 2019.  

Con deterioros en cinco dimensiones, la sostenibilidad general de las OSC mexicanas empeoró ligeramente en 2020, debido tanto al impacto del COVID-19 como a la marcada falta de apoyo a las OSC por parte de la actual administración federal. En 2020, el entorno jurídico de las OSC experimentó el descenso más significativo de las siete dimensiones, impulsado por la supervisión gubernamental, las restricciones y las cargas administrativas cada vez más engorrosas. La virtual desaparición de la financiación federal para las OSC, combinada con el declive económico y la interrupción de la prestación de servicios causada por la pandemia, hizo que la viabilidad financiera y la capacidad de prestación de servicios del sector se debilitaran. Estos mismos factores impulsaron un deterioro en la capacidad organizativa de las OSC, aunque se vio compensado en cierta medida por su resiliencia y el uso eficaz de la tecnología.

La promoción disminuyó en 2020, ya que las OSC se mostraron reacias a participar en campañas en un entorno que es en gran medida hostil a la colaboración con el sector. Aquellos que se involucraron en los esfuerzos de promoción generalmente tuvieron un éxito limitado. La imagen pública se mantuvo sin cambios. Si bien las OSC seguían siendo objeto de una retórica negativa por parte del gobierno, estaban mejor equipadas para adaptarse al entorno y la cobertura mediática del trabajo del sector mejoró ligeramente. La infraestructura de apoyo a las OSC mexicanas no solo resistió estos obstáculos, sino que experimentó una ligera mejora en 2020 a medida que las redes, coaliciones y servicios de apoyo continuaron creciendo. 

El sector de la sociedad civil mexicana es relativamente pequeño en relación con la población y la economía del país. Las estimaciones indican un total aproximado de 60.000 OSC registradas en el país a finales de 2020; esta cifra incluye un número desconocido de organizaciones inactivas. Se cree que el crecimiento del sector se ha estancado en 2020. El inventario más grande de OSC en el país es el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC). Estar incluido en la RFOSC es un requisito previo para la mayoría de las subvenciones federales. El número de organizaciones en el RFOSC creció solo un 1 por ciento de 2019 a 2020, la tasa de crecimiento más baja desde su creación, alcanzando un total de 43.196 OSC a finales de año. Se cree que la drástica reducción de los fondos federales y el impacto de la pandemia explican esta disminución de la tasa de crecimiento. La RFOSC no incluye a los sindicatos ni a las asociaciones religiosas, comerciales y políticas, que figuran en registros separados. Un número desconocido de organizaciones no registradas también operan en el país.  

El INEGI estima que las instituciones privadas sin fines de lucro, que son principalmente OSC, contribuyeron con 318 mil millones de pesos (aproximadamente 15.8 mil millones de dólares) a la economía mexicana en 2019, o el 1.38 por ciento del PIB del país. Esta contribución, que incluye el valor económico de los voluntarios en el sector, aumentó un 2,14 por ciento con respecto a 2018, superando la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto.