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CSOSI 2021 (Esp y Eng)
Las OSC en México operan en un contexto de inseguridad, violencia e impunidad. Según estadísticas del gobierno, en 2021 hubo 33.315 homicidios, es decir, 91 asesinatos por día. Esta violencia ha afectado especialmente a las mujeres. Amnistía Internacional informa que en 2021 hubo 3.427 homicidios de mujeres, de los cuales 887 fueron considerados delitos de género. La sociedad civil expresó su consternación por la inseguridad del país organizando varias manifestaciones, incluida una movilización nacional en noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra los periodistas también siguió siendo un problema. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) documentó nueve asesinatos de periodistas en México hasta el 1 de diciembre de 2021, ninguno de los cuales ha sido resuelto legalmente. Reporteros sin Fronteras clasificó a México como el país más mortífero para los periodistas en 2021 por tercer año consecutivo. Diversas organizaciones y colectivos también se movilizaron contra esta violencia en 2021.
La violencia contra las personas defensoras del medio ambiente también aumentó, a pesar de que en abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer instrumento regional jurídicamente vinculante para garantizar los derechos y la protección de las personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2021 se registraron un total de 108 agresiones contra personas defensoras ambientales, 25 de las cuales resultaron en homicidios.
El alcance de la violencia en México también impactó en las elecciones federales de medio término, en las que, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, noventa actores políticos fueron asesinados. A la luz de esta dinámica, el informe del Índice Global de Crimen Organizado 2021 ubicó a México en el cuarto lugar del mundo, solo detrás de la República del Congo, Colombia y Myanmar.
El gobierno federal continuó adoptando medidas autoritarias y represivas. Por ejemplo, 246 tareas civiles, entre ellas la distribución de libros de texto, la construcción de obras públicas, el control migratorio y la administración aeroportuaria, son ahora administradas por el ejército, que carece de mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. En diciembre de 2021, el Senado aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que, advierten las OSC, amenazará el ejercicio de las manifestaciones y la movilización civil, ya que permite el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones cívicas. En diciembre, las fuerzas de seguridad pública intervinieron durante una manifestación llevada a cabo por estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), un centro público de investigación, en respuesta a las restricciones a la autonomía académica impuestas por el gobierno federal.
El espacio cívico se ha reducido en este contexto, como lo documentan varios organismos de control internacionales. La puntuación de México en Freedom in the World de Freedom House ha caído en los últimos cinco años y fue de solo 60 sobre 100 en la edición de 2022, mientras que el CIVICUS Monitor clasifica el espacio cívico en México como reprimido.
Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno federal ha fomentado el distanciamiento social voluntario y otras medidas preventivas, pero no ha impuesto medidas obligatorias a nivel nacional para limitar la propagación del virus. Sin embargo, los gobiernos locales, así como el sector privado, implementaron tales medidas, que incluyeron mandatos de máscaras, prohibiciones de reuniones públicas, requisitos de distanciamiento social e incluso toques de queda en algunos estados como Yucatán. A pesar de estos esfuerzos, la pandemia se cobró un 15 por ciento más de vidas en 2021 que en 2020, alcanzando un total de 461.561 muertes.
Las OSC, el gobierno y el sector privado trabajaron juntos en 2021 para impulsar la campaña de vacunación contra el COVID-19 con el fin de reactivar la economía del país. Las fundaciones corporativas jugaron un papel clave en este sentido. Como resultado de esta colaboración, al cierre de 2021, 73 millones de personas en México estaban completamente vacunadas y el número de personas hospitalizadas se redujo significativamente. Además, el ritmo de vacunación permitió que las actividades presenciales se reanudaran en las escuelas públicas el 31 de agosto de 2021, después de dieciocho meses de cierre.
El éxito de la campaña de vacunación también ayudó a impulsar una ligera recuperación de las actividades económicas del país, lo que permitió que el producto interno bruto (PIB) aumentara un 5 por ciento en 2021, después de la caída del 8,2 por ciento reportada el año anterior. El peso mexicano (MXN) también recuperó valor frente al dólar estadounidense (USD): tras alcanzar máximos de entre 22 y 24 pesos por dólar en 2020, el tipo de cambio se estabilizó en tasas de entre 21 y 22 pesos por dólar en 2021.
En este contexto, la sostenibilidad general de las OSC disminuyó ligeramente, impulsada por el deterioro del entorno jurídico y las dimensiones de promoción. Al mismo tiempo, la infraestructura de apoyo al sector mejoró ligeramente a medida que las OSC aumentaron el acceso a la capacitación. Todas las demás dimensiones de la sostenibilidad se mantuvieron sin cambios.
Al cierre de 2021, según datos del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), se registraron en México un total de 46,403 OSC. Esto equivale a 46 organizaciones por cada 100.000 habitantes, cifra considerablemente inferior a la de otros países de la región como Brasil (170 organizaciones por cada 100.000 habitantes), Argentina (270) y Chile (650).
El crecimiento del sector se ha estancado en los últimos años en gran parte debido a la desaparición de la financiación gubernamental, lo que ha reducido los incentivos para la creación de nuevas organizaciones. Según datos del CEMEFI, el número de organizaciones inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), que es un requisito previo para recibir la mayoría de las subvenciones federales, creció solo un 0,3 por ciento en 2021, con solo 31 organizaciones registradas en 2021, en comparación con 185 en 2020 y 531 en 2019. El registro de organizaciones autorizadas para otorgar recibos deducibles de impuestos, conocidas como donatarias autorizadas, también se estancó, creciendo menos del 1 por ciento durante el período de vigencia.
