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CSOSI 2022 (Esp y Eng)
La sostenibilidad general de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en México se mantiene en el mismo nivel en comparación con el año 2021. A pesar de que desde el año 2019 la administración federal desincentivo el fomento a las actividades que realizan las OSC, el sector ha demostrado resiliencia. En la dimensión jurídica, a nivel subnacional, diversas entidades impulsaron leyes estatales de fomento, así como programas de subsidio que, de forma muy limitada, sustituyen el apoyo federal perdido con la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). En la dimensión financiera, a pesar de nuevas restricciones fiscales, la contribución de las instituciones sin fines de lucro a la economía nacional disminuyó solamente una décima, de 3% en el año 2020, a 2.9% en el año 2021 con base en el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con respecto al crecimiento del PIB en el año 2022, el reporte más reciente indica que este fue de 3.1%, lo que establece que las OSC siguen un margen de crecimiento similar al de la economía nacional.
El CIVICUS Monitor, un instrumento que analiza la apertura del espacio cívico en el mundo, clasifica a México con un espacio reprimido; el instrumento observa la movilización de agendas de política pública que defienden los derechos humanos, así como la defensa y continuidad de las instituciones autónomas que garantizan el ejercicio de elecciones libres. Los líderes del sector social y empresarios mantienen una agenda de cooperación local articulada por actores que impulsan la filantropía a nivel nacional; derivado de ello, ha sido posible la creación de nuevas fundaciones comunitarias en diversas entidades del país que impulsan relaciones de corresponsabilidad entre las comunidades y el sector privado, además del lanzamiento de iniciativas para gestionar la continuidad del sector social, cuya consolidación ha requerido décadas de esfuerzo colectivo.
La regresión democrática generalizada alrededor del mundo, y que ha sido documentada por diversas organizaciones internacionales como CIVICUS, World Justice Project, y Amnistía Internacional, tuvo diversas expresiones concretas en caso México durante el año 2022. La agenda de la mayoría legislativa planteó diversas reformas para disminuir la autonomía de organismos gubernamentales, entre los que se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto Nacional de Acceso a Información (INAI). Frente a esta agenda política, la ciudadanía logró movilizaciones masivas en las principales ciudades del país. Asimismo, los partidos políticos de oposición acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta determine la legalidad de las reformas. La mayoría legislativa aprobó una reforma para aumentar el control de la seguridad pública que tienen las autoridades militares, sin embargo, diversas organizaciones civiles y despachos de abogados también interpusieron 24 amparos, y lograron la suspensión provisional de la nueva reforma.
La violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, así como, contra periodistas ha incrementado en el país. No obstante, la sociedad civil organizada aún continúa generando espacios de denuncia colectiva, que facilitan la movilización ciudadana en contra de estos crímenes y la impunidad que les caracteriza. Durante el año 2022 fueron asesinados 12 periodistas y al menos 24 defensores ambientales, además de diversas desapariciones y agresiones.
Durante el año 2022, la cifra total de personas desaparecidas y no localizadas reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, superó las cien mil personas; el Registro indica que el 25% de las personas desaparecidas son mujeres. Frente a este problema, la ciudadanía ha logrado la integración de más de 70 colectivos enfocados en realizar brigadas de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, estas organizaciones y sus líderes han sido objeto de acoso por parte de las organizaciones criminales: datos del think tank Insight Crime reportan que durante 2022 fueron asesinadas cinco madres buscadoras – destaca el caso del asesinato la señora María Carmela Vázquez Ramírez, que motivó la condena de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno federal mantiene una retórica optimista frente a la violencia persistente, que argumenta que los programas sociales, basados en la transferencia directa de recursos a las personas registradas, fomentan la disminución de actividades delictivas. En noviembre del año 2022, el congreso aprobó un presupuesto de mil 524 millones de pesos a 121 programas sociales para el año 2023, una cantidad 16% superior a la que se invirtió en el año 2022. El análisis detallado de la distribución de este presupuesto permite apreciar que, mientras que el 30% de los recursos están destinados a un programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, solamente el 1.9% está dirigido a fortalecer la empleabilidad de los jóvenes, y el 3.1% al apoyo de los jóvenes que estudian la universidad. Por lo tanto, la distribución de este presupuesto no explica con claridad la manera en la que los programas sociales están orientados a la disminución de la violencia.
El Índice de Estado de Derecho, que presenta World Justice Project y analiza un total de 140 países, ubica a México en el lugar 115. La corrupción, las deficiencias en la impartición de justicia cívica, la violación de derechos fundamentales, así como la inseguridad pública, son algunos de los factores en los que este índice observa un rezago relevante para México, por debajo de la media mundial. El caso de mayor corrupción en organizaciones gubernamentales fue identificado durante el año 2022, y corresponde a la agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), de la que fueron desviados casi 9 mil millones de pesos, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación. A pesar de lo anterior, la retórica oficial asegura que la corrupción en el país ha desaparecido.
El número de personas migrantes de América Latina y el Caribe, que pasan por México en su travesía hacia Estados Unidos, aumentó durante el año 2022. Datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) indican que mientras el porcentaje de las personas en situación migratoria irregular en el país aumentó 44%, el porcentaje de deportaciones disminuyó en 18% con respecto al año 2021. Estos datos sugieren una crisis migratoria al interior del país, que poco a poco se manifiesta con mayor claridad. Las OSC ubicadas en regiones fronterizas, no cuentan con capacidad para proveer servicios al alto número de migrantes en el país, y las autoridades tampoco ha demostrado soluciones eficientes frente a la problemática. La aplicación del Título 42, por parte del gobierno de Joe Biden durante el año 2022, aumentó el número de expulsiones desde los Estados Unidos hacia México, bajo el argumento de preservar la sanidad pública en el contexto de la pandemia por COVID-19. En México prevalece la discriminación contra personas migrantes, datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI, indican que 28.8% de la población migrante declaró haber sido víctima de discriminación.
De acuerdo al Informe Integral de COVID-19 en México, elaborado por el gobierno federal, México registró seis olas, o aumentos significativos en el número de personas afectadas por la enfermedad, durante la pandemia. Las últimas tres olas de la pandemia sucedieron durante el año 2022; este año destacó por tener el mayor número de contagios. Durante la quinta ola, debido a la variante Ómicron, la gravedad de los casos fue la menor registrada durante toda la pandemia. Asimismo, el número de personas fallecidas disminuyó un poco más del 90% entre el año 2021 y el año 2022. A finales del año 2022, la vacunación contra el COVID- 19 presentaba una cobertura del 84% de la población nacional, siendo el grupo de personas menores de 18 años el que tuvo mayores dificultades para acceder a la vacuna.
El índice se ha realizado durante 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y aporta una evaluación integral de la capacidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil de un país para fungir como un aliado en la implementación de programas y soluciones de desarrollo.
